60 entidades católicas de desarrollo reclaman una regulación para la explotación de recursos naturales

REDES ha venido participando en el grupo español de la coalición de ONG ante la UE que ha seguido la publicación de la directiva europea en relación con los tristemente famosos #conflictminerals: un nuevo ejemplo de crisis socio-ambiental que vincula el modelo global de producción y consumo y sus consecuencias sobre las personas y el planeta.

La nueva ley europea establece obligaciones de diligencia debida en la cadena de suministro de los “minerales de conflicto” (tántalo, estaño, wolframio y oro, 3T+G por sus siglas en inglés) originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo. Las entidades que hemos acompañado el proceso, hemos presentado recientemente observaciones a la redacción aprobada del reglamento. Su progresiva aplicación requiere un seguimiento por parte de la sociedad civil y la implicación del Gobierno español que ha refrendado la Guía de la OCDE en la que se basa la normativa europea.

La derogación por el gobierno Trump de parte de la ley Dodd-Frank, homóloga de la norma europea en Estados Unidos, convierte en crucial el papel de la Unión Europea y de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que España aspira a renovar su presencia. La ley establecía que las empresas de Estados Unidos que empleasen minerales procedentes de países en conflicto deberán tomar medidas para garantizar que no tienen fuentes de abastecimiento involucradas en actividades armadas, ni de violencia sexual y de género, ni explotación infantil. Lamentablemente, tras 7 años de aplicación y significativos avances en la transparencia de las grandes corporaciones, Europa se queda sola en este tipo de iniciativa.

Sobre el terreno: población local y entidades de cooperación.

En este contexto, las normativas que se logren aprobar deben ir acompañadas de procesos de diálogo empresa – autoridades – sociedad civil que conduzcan hacia planes de explotación y recuperación integrales y concertados. Esto es, integrales en cuanto que contemplen medidas sociales y ambientales que garanticen el respeto a los derechos humanos y del medio ambiente y cubran el proceso completo durante y tras la explotación. Y por otro lado concertados con la población local, lo que requerirá la participación de entidades mediadoras que garanticen el respeto a los deseos y derechos de la población por encima de los intereses de las autoridades y la empresa.

En este sentido puede ser significativo el papel de las entidades de cooperación de cara a garantizar procesos de empoderamiento y desarrollo de capacidades para la gobernanza de la población local; el aporte de observadores técnicos independientes; y, por último la labor de mediación que favorezca el entendimiento de las partes. El logro de procesos exitososganar-ganar que permitan visibilizar buenas prácticas puede ser un catalizador que facilite el desarrollo de normativas pertinentes y su aplicación.

Recuperando las fuentes de inspiración.

Ante “situaciones (que) provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo”.Se vuelve indispensable crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables” (LS53), “hacen falta marcos regulatorios globales que impongan obligaciones y que impidan acciones intolerables” (LS173).

A pesar de que siempre habrá quien ponga palos en las ruedas a los procesos globales de este necesario cambio de paradigma, queremos quedarnos con estas palabras del Papa Francisco  llamando la “unidad para hacernos cargo de la casa que se nos confió” y animándonos a “que nuestras luchas y preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza” (LS244).

Contactos para prensa: Jaime Palacio Forcat  – secretaria.general@redes-ongd.org – 670874824